A seis años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un compañero es imputado en una causa penal por participar de la creación de un canal de televisión, que entiende que la comunicación no es una mercancía. El próximo martes 29 de septiembre debe enfrentar una indagatoria por el delito de interferencia en las comunicaciones y la Justicia deberá decidir si penaliza el derecho a comunicar.
La Justicia pretende priorizar el negocio de una empresa multinacional por sobre el derecho de un medio comunitario. PROSEGUR estuvo relacionada con las figuras más siniestras de la última dictadura cívico-militar. De hecho, la señal que la empresa privada ocupa en este momento y por la que se le abrió la causa penal a nuestro compañero, fue obtenida de manera ilegítima en la nefasta década del 90. El permiso que se le otorgó a la empresa era indebido por contradecir el Convenio Internacional de Nairobi -vigente desde los 80- que reservaba la señal 20, entre otras, para uso exclusivo de televisión abierta.
El decreto presidencial 2456, de diciembre de 2014, refuerza este convenio al determinar en su artículo 2 que la señal 20 debe ser liberada de forma inmediata de cualquier uso ajeno a la radiodifusión y reservada a la Televisión Digital Abierta. Aun así PROSEGUR, con el aval del poder Judicial, continúa impune explotando el aire.
Una movilización de más de 350 personas, el 11 de septiembre, acompañó la denuncia de las organizaciones sociales y redes comunicacionales a las puertas de los organismos estatales AFTIC y AFSCA. Ellos tienen la responsabilidad de regular el espectro, garantizando el espacio para los medios comunitarios, alternativos y populares y fueron quienes, por sus declaraciones en la causa, posibilitaron el procedimiento que afectó a Antena Negra TV.
Luego de la movilización, los organismos estatales solicitaron reuniones en las que se comprometieron en varios aspectos a solucionar el conflicto interviniendo en la causa, regularizando los concursos para TV digital en CABA y buscando las vías para que nunca más se pueda violentar de esta manera ningún medio comunitario.
Al día de hoy tanto AFTIC como la Defensoría del Público han hecho presentaciones ante la Justicia para intervenir en la causa penal con el fin de obtener la devolución de los equipos y la despenalización del integrante del canal comunitario. AFSCA aún no ha hecho efectivo su compromiso.
A seis años de la sanción de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prometía garantizar la pluralidad y diversidad de voces, no se han implementado las medidas indispensables para lograrlo como reservar el 33% del espectro para los medios sin fines de lucro en el marco de la elaboración del plan técnico necesario para la distribución del mismo. En cambio sigue siendo veloz y eficaz la actuación de la Justicia y los organismos estatales en casos como el de C5N.
Estas condiciones mantienen, hasta el día de hoy, a los medios comunitarios, alternativos y populares en una situación de fragilidad ante las exigencias que los propios organismos estatales crean, siendo vulnerables ante el poder de una empresa privada multinacional. Como es Antena Negra ante PROSEGUR.
Buenos Aires, 24 de setiembre de 2015.
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