DESALOJAN LA PLAZA CECILIA GRIERSON Y EXPULSAN A LAS FAMILIAS ALOJADAS ALLÍ
La Fiscalía de la Ciudad comenzó ayer un operativo para desalojar la plaza Cecilia Grierson, en San Telmo, en donde vive desde 1991 Juan Domingo Jiménez, el cuidador del predio. Ahora, el lugar está habitado por unas 30 personas, fue vallado, tiene custodia policial y negocian la salida de ocho familias que quedaron adentro. Tienen plazo hasta el viernes para abandonar el lugar.
La plaza está ubicada en San Juan 650, entre Perú y Chacabuco. En febrero de 1991, Jiménez se instaló con su familia. Vive con su mujer, un hermano discapacitado, tres de sus ocho hijos y uno de sus 24 nietos. En el lugar llegaron a vivir hasta 50 personas y se convirtió en punto de encuentro de decenas de cartoneros. Todos los integrantes del asentamiento fueron censados y el desalojo, precisó la Fiscalía de la Ciudad , es inminente.
«Se dio inicio al protocolo del desalojo. Lo que hicimos fue vallar el lugar para poder hacer un censo y saber en qué situación vive la gente allí. Todas las personas que ingresan o egresan de la plaza deben estar registradas», explicó la fiscal Celsa Ramírez, quien lleva adelante la causa. De no llegar a un acuerdo -precisó la funcionaria judicial- comenzarán los trámites para llevar adelante un desalojo. «Antes de fin de año la plaza estará desocupada», concluyó Ramírez. De concretarse, se convertiría en el primer desalojo en un predio público realizado tras 23 años de usurpación.
Historia
El ex intendente Jorge Domínguez les inició un juicio de desalojo y en el año 2000 fueron absueltos. Incluso, Jiménez estableció su domicilio legal en San Juan 650 y hasta tramitó una línea de teléfono y servicio de internet, publicó el diario Clarín. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, se pudo constatar que mientras Jiménez tenía un crédito hipotecario en trámite -frenado por un amparo-, su nuera, Micaela Villarubia, contaba con un subsidio por parte del Estado. Al menos 10 personas se retiraron por su propia cuenta al no querer ser censadas.
Más de 400 vecinos suscribieron un documento en el que pidieron que la Justicia aportara una solución pacífica a los problemas de convivencia urbana e inseguridad que afectan al barrio, ya que en las inmediaciones del predio hay tres colegios. Además, denunciaron que en la zona es habitual escuchar peleas entre los habitantes, ver a los jóvenes drogarse y hasta presenciar problemas graves de delincuencia.
«Nosotros, por ley, les ofrecemos un subsidio y una vivienda en un hotel céntrico de la Ciudad durante 10 meses», explicó Ramírez. Según los datos de la fiscalía, los habitantes no están en una situación de indigencia total, por lo que todo debería resolverse por el diálogo.
Un amparo que frena la ejecución del desalojo para las familias explicita que la medida se suspende mientras el Gobierno no se ocupe de garantizar la vivienda a las familias afectadas. Se les ofreció la posibilidad de ubicarse en Villa Lugano, pero lo rechazaron. Tanto Jiménez como una de las mujeres de la familia tienen empleo e ingresos. Él trabaja en una empresa de seguridad y ella es empleada doméstica.
En caso de fracasar en la negociación, se le da curso penal a la causa y deberá intervenir una jueza, «pero el desalojo es rápido, no demoraría más que dos semanas», concluyó la fiscal a cargo. Agregó que de ser necesario, tomará intervención la Policía Metropolitana.
