[FM Riachuelo, 11/8/2021] Esta mañana, a través de la Red de Corresponsales Populares, nuestra FM Riachuelo tomó conocimiento de que el Juzgado de Instrucción Penal Nº3 de Puerto Iguazú, imputó a Carlos Zarza por “daño contra bienes del Estado” en el contexto de una protesta de vecinos y organizaciones sociales que ingresó a una reunión del Concejo Deliberante de esa ciudad para reclamar por la crítica situación del sistema de provisión de agua potable en la localidad misionera.
Zarza es referente de la organización Huellas de Esperanza que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en Misiones. Esta mañana, al presentarse a declarar en el Juzgado que conduce Martín Brites, fue acompañado por vecinos autoconvocados y referentes de otras organizaciones sociales de Puerto Iguazú que denuncian que se trata de una situación de criminalización de la protesta para intentar amedrentar el reclamo contra la inacción municipal y provincial para solucionar la crisis de abastecimiento de agua potable en la ciudad. “Esta es una embestida de la justicia contra los movimientos sociales y la gente que lucha por el bien común para la sociedad. Pero, si tocan a un compañero, tocan a todos los luchadores sociales que tiene este pueblo tan abandonado que es Puerto Iguazú”, explicó Hugo Armoa, corresponsal popular de nuestra radio e integrante del Movimiento Activo y Social (MAS), que se encontraba esta mañana solidarizándose con Zarza frente a la puerta del Juzgado.
La crítica situación que están viviendo los habitantes de Puerto Iguazú con el tema del acceso al agua potable se debe a la actual sequía de los ríos Paraná e Iguazú, pero también denuncian los vecinos que hace más de veinte años que en la ciudad no se invierte para mejorar la infraestructura de una planta potabilizadora que data del siglo XIX. “En Puerto Iguazú hubo 60 días sin agua. Yo me estuve bañando con agua de lavarropas; había familias enfermas. Es inhumano vivir así”, denunció Carlos Zarza en comunicación de esta tarde con la FM Riachuelo.
Fue el 17 de junio de este año que, luego de múltiples manifestaciones exigiendo el acceso al agua, los vecinos y vecinas irrumpieron en la reunión del Concejo Deliberante al grito de “queremos agua”. Ese día lograron que se firmara un compromiso para el control con participación vecinal de las obras necesarias para la mejora de la provisión de agua potable. “No se han cumplido. Nosotros seguimos con agua llegando a los barrios a cuentagotas. Se arman pozos perforados pero no se terminan. Todo es un juego, la verdad no sé para qué lado está la Justicia. Porque veo que nos están ajusticiando por exigir agua”, aseveró Zarza.
Los hechos del día parecen indicar que, lejos de construir una solución a favor del pueblo de Puerto Iguazú, las autoridades locales buscan ocultar su propia ineficiencia intentando amedrentar a la ciudadanía recurriendo a la herramienta de la criminalización de la protesta social. Debido a que involucra a referentes sociales locales, reclamando por un derecho elemental como el acceso al agua, las noticias del día de hoy ya están circulando y preocupando a dirigentes de movimientos populares a nivel nacional que seguramente tomarán cartas en este grave asunto.
