[FM Riachuelo, 21/5/2021] Mañana se cumpliría un año desde que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad dio por inconstitucional la resolución 75/2018, que había restringido sus funciones al asesor tutelar de la Cámara de la Ciudad, Gustavo Moreno. Ayer, el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, dictaminó a favor de restringir nuevamente sus funciones, dando continuidad a una persecución que ya lleva tres años. Ahora queda esperar a que resuelva el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad, que tiene la última decisión.
Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), expresó su respaldo a Gustavo Moreno, y remarcó que esta persecución es una continuidad a las políticas habituales del Gobierno de la Ciudad: “Cada vez queda más claro que el imaginario político de Larreta, como virrey de la expresión política del liberalismo de Mauricio Macri, está dispuesto a cualquier cosa para seguir construyendo un modelo de sociedad profundamente injusto, que sigue concentrando poder y riqueza en muy pocas manos, y que nuevamente va por un gladiador de la justicia, una persona que cotidianamente expresa su coherencia y su compromiso con los más humildes”.
Sobre esta misma línea, el referente de la UTEP repudió la actitud de un Gobierno para unos pocos: “No nos asombra la actitud del gobierno de Larreta, pero nos sigue generando el más profundo desprecio. Incluso en un mundo tan lleno de incertidumbres, con una situación mundial como la de la pandemia, aquellos adoradores del Dios Dinero solamente siguen pensando en sí mismos, en generar un mundo para pocos. Por eso no dejan de hostigar a quienes claramente están más comprometidos con la construcción de otro mundo posible”.
A Gustavo Moreno le habían restringido sus funciones hace tres años con la resolución 75/2018, dictaminada por la asesora general tutelar Yael Bendel, quien había llegado al poder judicial porteño por vía del PRO, más específicamente de la mano de María Eugenia Vidal.
Además de la Secretaría de Derechos Humanos de la UTEP, Gustavo cuenta con el apoyo y el respaldo de organizaciones sociales de base, muchas de ellas de las villas porteñas, ya que su gestión siempre se orientó a garantizar los derechos de estos sectores: previo a la resolución de 2018, Gustavo Moreno llevó adelante acciones legales para que el Gobierno de la Ciudad elaborara un plan eléctrico para las vecinas y los vecinos de la Villa 21-24, así como también para impedir desalojos en los barrios populares porteños. Además, es manifiesta su postura en contra de la baja de la edad imputabilidad, que la ex ministra de Seguridad Patricia Bulrrich quiso promover en su momento.
