[FM Riachuelo, 27/04/2021] El pasado 5 de abril la Comunidad Indígena Normenta Pacha del Pueblo Ocloya, ubicada en el margen del río la Candelaria Ruta Prov. 19 jurisdicción Fraile Pintado, departamento Ledesma, Provincia de Jujuy, fue invadida por el terrateniente Mario Rojo. Alegando que es el supuesto administrador, ha intentado alambrar incontables veces el territorio comunitario y construir cabañas para proyecto turístico, violando de esta manera la ley 26160 vigente a través de prórroga 27400. Es importante saber que, además, esta comunidad cuenta con Personería Jurídica 012/11 S.DD.HH. y con Carpeta Técnica con Resolución en el marco de ley 26160.
Hay que mencionar que la Comunidad Indígena Normenta Pacha está compuesta aproximadamente por 50 familias, de las cuales hay 50 miembrxs amenzadxs de muerte por esta patota al servicio del negocio inmobiliario. En un comunicado, la organización detalla que las problemáticas que traen aparejadas estos atropellos afectan a integrantes ancianxs de la comunidad que presentan cuadros de salud complicados, puesto que el alambrado afecta el paso para poder transitar en sus territorios y lxs priva del acceso a la utilización del agua.
Aunque ya se han iniciado las denuncias correspondientes ante las amenazas, el Pueblo Ocloya teme por la integridad de lxs miembrxs de la comunidad y es por eso que han comunicado que responsabilizan al terrateniente Mario Rojo, al empleado Arturo Jiménez y la exconcejal Marina Tellez, a la Comisaría 11 y al Fiscal Interviniente, por cualquier daño físico y/o acto de violencia.
Cabe destacar que, casualmente ese mismo día el Pueblo Indígena Ocloya había presentado al Fiscal General Dr. Enrique Lello Sánchez del Ministerio Público de la Acusación un “PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENAS PREEXISTENTES” que garantizar los derechos vigentes a favor de los Pueblos Indígenas, como así también evitar desalojos en las 400 Comunidades Indígenas Preexistentes en la Provincia de Jujuy.
Es así que el Pueblo Ocloya se declaró en estado de alerta y en asamblea permanente frente al intento de despojo a esta comunidad de su tierra ancestral. Además convocó al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), a la Secretaría de Pueblos Indígenas y a auxiliares de la Justicia a una asamblea que se realizó el día de ayer (lunes 26 de abril) para solicitarles que se garantice la integridad física de todos lxs integrantes de la Comunidad y las autoridades tradicionales del Pueblo Indígena Ocloya, como así también, la suspensión de medida de desalojo y aplicación plena y efectiva de ley 26160. Según informaciones de referentes ocloyas, los organismos no se hicieron presentes, solo cumplieron con sus obligaciones protocolares de realizar los llamados y presentaciones escritas a la comisaría y fiscales intervinientes en la causa.
Los amedrentamientos y la falta de respuesta de las instituciones demuestran que la ley sólo se aplica para coartar los derechos de lxs humildes, y la justicia beneficia sólo a los que buscan explotar a nuestra Madre Tierra en pos de su rédito económico. Esto también hay que analizarlo en un contexto en el que en la región se está librando una guerra de tipo no convencional en la que el poder fáctico intenta generar caos en los territorios para poder apropiarse de nuestros bienes naturales. Aun así, Néstor Jerez, Cacique del Pueblo Indígena Ocloya reafirma la pelea que llevan adelante todos los días: “Luchamos por la aplicación plena efectiva de la ley 26.160 y la defensa legítima del territorio del cual somos poseedores ancestrales. El territorio no se negocia, es parte de nuestra identidad, es nuestra vida”.
