[FM RIACHUELO 20/10/2017 ]Un editorial del diario La Nación pidió expresamente el juicio político a la magistrada Elena Liberatori por fallar a favor de la comunidad educativa al garantizar el ejercicio del derecho a la protesta a través de la toma de escuelas. El repudio de diversos sectores judiciales al editorial que presiona fuertemente contra la independencia del Poder Judicial, no se hizo esperar y ya fue denunciada ante el Plenario del Consejo de la Magistratura de la ciudad.
El gobierno «del cambio» llegó a la casa rosada habiendo prometido “una justicia independiente”, por supuesto, se trató de otra de las mentiras que se suma la larga lista de promesas incumplidas. Lejos de esa pregonada “independencia” el gobierno, en el último tiempo ha desatado una verdadera caza de brujas contra sectores de la justicia que no son totalmente funcionales al poder y sus intereses. Tal es el caso de la jueza Elena Liberatori, que falló a favor de la comunidad educativa en su derecho a la protesta, alegando que las tomas de colegios no están tipificadas como delito en la Constitución Nacional.
Este fallo, molestó particularmente al diario La Nación que publicó en su editorial del 16 de Octubre, una fuerte crítica a la magistrada y propició que fuera “denunciada por prevaricato” y que deba “afrontar las consecuencias de haber violado las reglas más elementales de la Constitución Nacional, de los tratados internacional aplicables, del código penal, de la Constitucional local y del más básico sentido común” (sic). El matutino se lamenta de que no haya habido una persecución, vía denuncia penal, a quienes llevaron a cabo las medidas de ocupación. También citan a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que en su artículo 24 establece que, “conforme lo determine la ley de educación porteña, se aseguran la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.” Y es justamente ese artículo el que le da legitimidad al reclamo de la comunidad educativa para rechazar la arbitraria reforma que el gobierno de la ciudad a través de su Ministerio de Educación intenta imponer en la educación pública.
La reforma que busca modificar la actual estructura educativa para que los alumnos trabajen gratuitamente para empresas, es totalmente inconsulta, ya que en su elaboración no hubo participación de la comunidad en su conjunto.
El editorial que pide expresamente el juicio político a Elena Liberatori, fue repudiada por jueces, fiscales, defensores y asesores de menores e incapaces de la Ciudad de Buenos Aires y de otros fueros federales y provinciales y exponentes de las más diversas tendencias jurisprudenciales. Por su parte el consejero juez Dr. Darío Reynoso realizó la denuncia ante el Plenario del Consejo de la Magistratura de la ciudad, ya que dicho organismo tiene el deber legal de velar por la independencia del Poder Judicial, que en este caso se ve severamente afectada por la presión del diario.
Darío Reynoso, consejero de la Magistratura del Estamento de los jueces, en diálogo con Fm Riachuelo (Rompe el Cerco Informativo) explicó que se trata de una clara ofensiva contra ciertos sectores de la justicia: “hace unos meses intentaron llevar a juicio político a dos camaristas del foro laboral por sacar un fallo que no le gustó al gobierno. El fallo judicial para que la Dra. Gils Carbó sea removida sin juicio político y este ataque mediático a la jueza Liberatori en términos tan violentos no son hechos aislados”. También remarcó que el diario está en pleno derecho a opinar sobre los fallos de los jueces, pero que el editorial contiene errores jurídicos muy graves y que pareciera un intento de disciplinamiento a la justicia y explicó: “si no gusta un fallo no se puede atacar o intentar someter a juicio político, para eso hay que apelar, y esta la Cámara de apelación o eventualmente la Corte Suprema de Justicia puede dejar sin validez un fallo”.
Escucha la entrevista completa a través del siguiente link:
