[FMR 07/10/16] Ayer se realizó una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación (Anexo) para denunciar la persecusión e intento de desalojo por parte del empresario Orlando Canido, de la empresa Manaos, que con grupos de patotas intentó un desalojo, ilegal, a los tiros poniendo en riesgo la vida de las familias que allí viven. Al mismo tiempo junto a legisladores nacionales impulsan una ley de propiedad comunitaria de la tierra y que se respete la ley que suspende los desalojos rurales, que rige hasta el 2017.
[Mocase 06/10/16] Diputados nacionales de tres bloques se comprometieron hoy a impulsar una ley de propiedad comunitaria de la tierra y la prórroga de la ley que suspende los desalojos rurales, que rige hasta el 2017, en una conferencia de prensa que ofrecieron junto al movimiento campesino santiagueño Mocase-VC.
Integrantes de los bloques de Peronismo para la Victoria, FpV-PJ y PO-FIT se solidarizaron con la comunidad indígena Iaku Cachi de Santiago del Estero, víctima de un ataque a tiros por el que responsabilizaron al empresario Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos e investigado por estos y otros hechos de violencia en dos juzgados de esa provincia.
«Frente a estos hechos no ha habido aún una respuesta contundente del Estado en ninguno de sus tres poderes, sea en el plano nacional o en el provincial», sostuvo la diputada Silvia Horne al abrir la conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara baja.
Junto a Horne, participaron por Peronismo para la Victoria Lucila de Ponti y Leo Grosso; Néstor Pitrola y Pablo López, del PO-FIT; y Silvina Frana (FpV-PJ), quienes anunciaron que «cuanto antes» miembros de las comisiones de Derechos Humanos y de Población de la Cámara visitarán en Santiago del Estero a las familias afectadas en la localidad de Bajo Hondo y reclamarán respuestas de los poderes provinciales.
Desde el lunes último hasta hoy, la delegación del Mocase-VC expuso su posición a diputados y senadores nacionales de diversos bloques.
En la rueda de prensa, Grosso afirmó que el caso de Bajo Hondo implica una «metodología de apropiación de la tierra» indígena y campesina por parte de empresarios, y añadió que en las denuncias contra Canido se hace «aún más difícil lograr repercusión periodística porque Manaos pauta publicidad en todos los medios».
Pitrola sostuvo a su vez que «la propiedad comunitaria y la pequeña propiedad campesina no entran en este capitalismo sojero».
En nombre del Mocase-VC hablaron integrantes de los pueblos indígenas guaycurú -entre ellos, miembros de familias de la comunidad Iaku Cachi, atacada a tiros en un intento de desalojo violento el 24 de septiembre último- y lule vilela, del este y el norte santiagueño, respectivamente.
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