COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA LOS PIBES: SIN JUSTICIA SOCIAL NO HAY PAZ NI DEMOCRACIA

Nadie puede sufrir una pena (y mucho menos de prisión), sin que haya tenido antes la posibilidad de defenderse en un juicio justo. Es decir que nadie puede ir preso sin que antes se haya demostrado que cometió algún delito. Es un mecanismo elemental del sistema democrático, establecido en la Constitución Nacional, para evitar los abusos del Estado y las injusticias.

Hoy, en Argentina, está prohibido reclamarle a los gobernantes para que hagan lo que el Estado todavía no hizo, y que está obligado a hacer, como garantizar condiciones elementales de vida digna a sus habitantes. Aunque el derecho de peticionar a las autoridades también sea uno de los más importantes de la Constitución, justamente para evitar los abusos de los poderosos.

Lo que está pasando es muy grave. Además de meter presa a una dirigente de un movimiento social sin una sola prueba, el gobierno disolvió sus cooperativas y les cerró las cuentas bancarias. De este modo destruyó, ilegalmente y sin ninguna prueba, su forma de asociación y organización para superar colectivamente losseveros problemas individuales o familiares que los aquejan. El derecho de asociación también está previsto en la Constitución Nacional.

Como puede verse lo que ocurrió en Jujuy no es solamente una ilegalidad escandalosa. Lo que ocurrió en Jujuy es una forma de actuar ilícita y sistemática de un gobierno profundamente autoritario y antidemocrático.

Antes de esto, el Poder Ejecutivo se puso a legislar, derogando leyes por decreto o designando jueces de la Corte Suprema eludiendo el mecanismo constitucional de control de los ciudadanos y del Congreso. También estableció una andanada de despidos sin ninguna justificación, expulsando no sólo a jefes y jefas de familia sino también a personas con capacidades diferentes. Y no dudó en reprimir violentamente cualquier intento de reclamo.

Ahora vendrán las negociaciones por los sueldos de los que tienen el privilegio de conservar su trabajo. El gobierno sabe que la inflación va a ser este año, al menos del 40 % (así lo dicen incluso sus consultoras y la JP Morgan), pero le exige a lostrabajadores que no pidan más del 25%. ¿Qué va a hacer cuando algunos no lo acepten sencillamente porque no les parece justo que los ricos se sigan enriqueciendo y los pobres se sigan empobreciendo?

No hay que confundirse, en este momento no se está discutiendo solamente si Milagro Sala tiene que estar libre o tiene que estar presa. Se está discutiendo en qué país queremos vivir. Se está discutiendo si la ley solo se utiliza para favorecer a los poderosos y si tenemos o no una constitución que rige.

No tenemos por qué estar todos de acuerdo, ni opinar lo mismo. Cada uno ve la realidad desde su posición social y su situación económica. Hay intereses contrapuestos. Pero antes de todo eso debería estar el derecho de cada uno a manifestarse, a reclamar lo que considera justo, a ser escuchado y a defender sus derechos con todos los medios a su alcance. Porque si no los defiende, se losarrebatan. Y si se los arrebatan, quedan miles, tal vez millones de familias en la indefensión absoluta, sin casa y sin comida.

No se trata sólo de defender a una dirigente social. Se trata de defender la legalidad de un sistema democrático. No es defensa de una persona, es en defensa de todos. Y es también para evitar que los argentinos empecemos a sentir que la legalidad no existe, y que el Estado solo está para enriquecer a los ricos, empobrecer a la clase media y encarcelar a los pobres. Porque la violencia de lospoderosos genera desesperación, y obviamente después genera más violencia. Y esto ya pasó y terminó muy mal. Que nadie diga, en los años venideros, “no sabía lo que estaba ocurriendo”…