Nuevamente la polémica se desató en la provincia de Córdoba tras la reforma del código de convivencia. Opiniones cruzadas y mucha tela que cortar en un nuevo intento del oficialismo delasotista por ajustar las clavijas de la represión sobre los/as trabajadores/as cordobeses, con nuevas figuras punitivas y un marco general que garantiza la violencia estatal.
Al fin el delasotismo pudo modificar el Código de Convivencia Ciudadana, de cara a construir un plafón legal a las intervenciones represivas del estado provincial sobre los/as trabajadores/as cordobeses y garantizar el ajuste planificado para el nuevo año.
Los cambios en el Código. Malo conocido y malo por conocer
Las organizaciones del campo popular venimos denunciando al Código de Faltas porque entendemos que su función es la de ser una herramienta para avalar la represión que se descarga todos los días sobre el pueblo trabajador y especialmente sobre la juventud. La aplicación del Código de Faltas en la provincia es la que legitima que la Policía realice 80.000 detenciones arbitrarias anuales por contravenciones, es decir, una cada 15 minutos. Esto está garantizado porque el Código de Faltas:
a. Define contravenciones poco claras y ambiguas, completamente manipulables por quién las aplica, como por ejemplo “merodeo” o “escándalo en la vía pública”.
b. Da poder a la Policía para definir qué es una falta y qué no, y para actuar de acuerdo a ello.
c. Da poder a la Policía para realizar detenciones “preventivas”, si sospecha que se estaba por cometer una contravención. Las penas por contravenciones incluyen el arresto.
Entendemos que estructuralmente no cambió nada con este nuevo Código de Convivencia, porque los tres puntos que marcábamos antes se mantienen igual. Las figuras ambiguas persisten, la potestad de la Policía es la misma y la capacidad de realizar detenciones “preventivas sigue inalterada. De todas formas, la letra del Código cambió, así que aquí analizamos los principales cambios:
Con respecto a las contravenciones, se agregaron algunas como “tocamientos indecorosos” (¿Cuál es un tocamiento indecoroso y cuál no?), “actitud sospechosa” (que a pesar de que está especificada, es extremadamente ambigua, y deja librado a la imaginación de la policía quién es sospechosx y quién no), y una que apunta específicamente a criminalizar a lxs “naranjitas”.
Como contracara, se quitaron las figuras que penalizaban a la “mendicidad”, a la “prostitución escandalosa” (un artículo que criminalizaba a las trabajadoras sexuales autónomas, haciéndolas especialmente vulnerables a la represión policial), al “merodeo en zona urbana” y a “consumir bebidas alcohólicas en la vía pública”.
Con respecto al procedimiento de la aplicación, un cambio relevante es que la edad mínima para ser detenidx por contravenciones ascendió de 16 a 18 años.
Otro cambio es que ahora se exige que se le provea a quien sea detenidx de un abogado defensor, y que en el juzgamiento deba intervenir alguien del poder judicial (unx ayudante fiscal o juez de paz), y que no pueda realizar el juzgamiento el personal policial que lo hacía con el Código de Faltas. Otro punto de suma importancia es que la detención preventiva que antes no tenía un tiempo mínimo, ahora está limitada a 8 horas.
Código de Convivencia: El nuevo nombre del Código de Faltas
A fines del 2014, el gobierno provincial intentó llevar adelante un proceso para modificar al Código de Faltas vigente, para convertirlo en el nuevo “Código de Convivencia Ciudadana”.
El gobierno desarrolló un proceso que pretendía legitimar las modificaciones al Código, pero no le salió como esperaba. En una audiencia pública en la que participaron como oradorxs más de 70 personas, la abrumadora mayoría de las intervenciones se dedicó a criticar las modificaciones propuestas, entendiendo que con ellas se profundizaba aún más el carácter represivo del Código de Faltas, como por ejemplo la tipificación de nuevas figuras para criminalizar a los sectores populares.
Ante esta situación, sumada a la movilización en la que nos manifestamos en contra del nuevo Código de Convivencia, los bloques de la oposición adelantaron que votarían en contra, y el oficialismo reculó de posición, dejando el proyecto cajoneado por el momento.
