EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA
Marcha en rechazo a la decisión de la Corte de no llamar a audiencia pública por la ley antiminera
Si bien su reclamo «en defensa del agua» es continuo, eta vez volvieron a la calle para protestar contra la Suprema Corte de Justicia local quien rechazó realizar una audiencia pública en medio del tratamiento de la constitucionalidad o no de esta norma que ya está llegando a instancias finales. Empresas mineras llevaron hasta las últimas instancias judiciales su rechazo a esta ley.
Unas 500 personas llegaron en la tarde de ayer hasta la Plaza Independencia, donde gritaron: «El agua de Mendoza no se negocia». Arribaron desde distintos puntos del Gran Mendoza y desde otras localidades de la provincia, como en San Rafael, Uspallata y San Carlos, donde también hubo reclamos en simultáneo.
Desde antes de la sanción de la ley, hace 8 años, han manifestado su rechazo acérrimo a la minería contra la minería contaminante en distintos actos, incluso han marchado en algunos carruseles vendímiales. Pero ahora su lucha cobra más fuerza porque está en manos de la Corte Suprema de Justicia el fallo final sobre la constitucionalidad de la ley que tanto defienden y que rechazan las empresas mineras.
“La Suprema Corte cerró las puertas a la posibilidad histórica de democratizar la Justicia, desconoció las más de 70.000 firmas recolectadas por las asambleas”, denunciaron desde la Asamblea Popular por el Agua.
En esta marcha en particular fue fuerte el acompañamiento de distintas agrupaciones políticas juveniles.Marcharon dirigentes y jóvenes del Frente de Izquierda, de Libres del Sur y de La Cantera Popular de la Unión Cívica Radical.
El martes pasado fue la segunda votación por parte de los ministros de la Corte respecto a la audiencia pública para tratar la inconstitucionalidad de la ley. La primera sobre el tema fue en agosto, oportunidad en la que el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, fue por el sí.
En cambio, el resultado de la votación de hace tres días fue de 5 por el no y 2 por el sí. Es que Nanclares cambió su punto de vista y se sumó a la postura de sus pares Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini, Julio Gómez y Pedro Llorente. Mientras que Mario Adaro y Omar Palermo se mantuvieron firmes en el sí al foro público.
Ahora, quien debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley es el procurador general de la Corte, Rodolfo González. Luego de los 8 días hábiles de plazo para que González se expida, será el turno de que cada sala haga lo propio, para lo cual los ministros tendrán no menos de una semana. En general, el término para una sentencia definitiva es de 60 días hábiles pero, al decir de Pérez Hualde ,“la idea es que luego de ocho años de espera la resolución esté mucho antes”.
