Ocho de cada diez, con tóxicos
Los alimentos contenían los insecticidas lambdacialotrina, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina. Y los fungicidas (para hongos) tebuconazole, tpoxiconazol. “Estos son los amigos del famoso herbicida glifosato”, destacó Damián Marino, cuando presentó su trabajo en el Congreso de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. “El endosulfán es uno de los compuestos de mayor aparición. Y recordemos que está prohibido en Argentina”, remarcó Marino.
Los investigadores coinciden en la importancia de estudiar y alertar sobre el uso del herbicida glifosato (el más utilizado en el país, en soja y maíz, entre otros), pero también remarcan que sus “amigos” están presentes de manera cotidiana en la mesa de los argentinos.
El trabajo afirma que los pequeños productores son también víctimas del modelo que los impulsa a utilizar los plaguicidas. Insta a que los gobiernos tomen medidas urgentes y llama la atención: la solución no pasa por reemplazar un veneno por otro, sino en dejar de usarlos. Afirma que siempre la industria química presenta un plaguicida como inocuo y, con el paso de los años y con muchísimos afectados, lo retiran del mercado por la afección que produce en la salud.
Marino ejemplificó con el insecticida DDT. Creado en 1947, a inicios de la década del ’60 ya era muy cuestionado. Recién en 1972 los prohibió Estados Unidos y recién en 2001 ingresó al Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la ONU que regula el tratamiento de sustancias tóxicas). “El agro en base a agroquímicos es una rueda infinita a expensas de la salud de los pueblos”, denunció el investigador. Y advirtió que con el famoso glifosato (utilizado en soja y maíz transgénico, entre otros cultivos) sucederá lo mismo.
El trabajo de análisis de verduras, frutas y hortalizas forma parte de un proyecto de extensión de la UNLP junto al Banco Alimentario de La Plata, ONG que recupera hasta cuatro toneladas de alimentos por mes. Y que se distribuye en comedores, parroquias y familias. También se seleccionaron frutas y verduras pertenecientes a comercios cercanos a la UNLP. La investigación destaca la responsabilidad del Estado, que permite una forma de producción y comercialización que implica alimentarse con venenos.
Un apartado está dedicado al “Límite Máximo Regulatorio (LMR)”, que corresponde a lo estipulado por el Estado de cuánto veneno puede tener un alimento. El trabajo señala que, si se toma a rajatabla el LMR, el ocho por ciento de las muestras analizadas supera el valor permitido. Pero destaca que hay productos que no están regulados y no debieran tener determinados químicos, pero sí lo tienen. Ejemplo: en las verduras, cítricos y zanahoria se encontró el insecticida cipermetrina, que no tiene LMR establecido (y que no debiera utilizarse para esos alimentos).
El LMR está basado en la Ingesta Diaria Admisible (IDA). “No está claro cómo lo determinan. En muchos casos es resultado de una ‘caja negra’ de ingreso de datos, que además cuando se publican toman información preexistente que en algunos casos tiene casi diez años de antigüedad, y no se corresponde a la dinámica de la información científica”, alertó Marino. Tampoco se diferencia el LMR-IDA para niños.
Los investigadores de la UNLP resaltaron en su trabajo la preocupación de alimentos con agrotóxicos, aún cuando cumplan los límites establecidos por el Estado. “Según nuestras mediciones, una ensalada de varios componentes puede significar la exposición simultánea a una mezcla de plaguicidas y nada se sabe respecto a la respuesta biológica para su eliminación. La toxicidad de mezclas sigue siendo un gran capítulo de investigación y debate, poco se sabe respecto a efectos de mezclas de activos de plaguicidas y sus efectos sobre la salud, más en exposiciones crónicas como este caso”, aseguró Marino.
La investigación señala que se debe trabajar para consumir productos con ausencia de plaguicidas, para lo que se requieren políticas públicas para el apoyo y acompañamiento desde los productores y hasta la comercialización.
