HISTORIA DE LA LUCHA POR EL TERRITORIO
En la segunda mitad del siglo XIX, la Puna era el caso más notorio de concentración de la propiedad de la tierra en Jujuy. Un pequeño grupo de propietarios era dueño de enormes extensiones habitadas por familias campesinas que estaban obligadas a pagarles arriendos y pastajes. Entre 1850 y 1855, la situación se agravó para estas comunidades por la presión impositiva del Estado provincial, primero con la llamada “contribución territorial” que se impuso a los propietarios pero que éstos transfirieron a los arrenderos y luego con la “contribución mobiliar” por la que se cobraba a cada familia el 5 por ciento sobre las crías y cosechas anuales.
En 1872, campesinos de Cochinoca y Casabindo denunciaron al gobernador de la Provincia que el terrateniente boliviano Fernando Campero, heredero de los marqueses de Tojo, carecía de los correspondientes títulos de propiedad sobre las tierras que les arrendaba. El Gobierno acogió la denuncia favorablemente y por decreto, traspasó la propiedad de estas fincas a la esfera provincial, tras corroborar la endeblez de los títulos de Campero.
En tanto otras comunidades denunciaban también las tierras que ocupaban como fiscales y aumentaba la renuencia a pagar los arriendos, la tensión hizo pico en 1873 en Yavi -asiento de la principal autoridad del departamento y de la hacienda de los Campero-, que fue sitiada por los campesinos que demandaban el cumplimiento del decreto de 1872.
La rebelión a gran escala estalló en 1874, luego que el nuevo gobernador José María Álvarez Prado dejara sin efecto el decreto de 1872 y devolviera las fincas Cochinoca y Casabindo a la familia Campero. En el conflicto tallaron también rencillas de la política local y el dirigente puneño opositor al Gobierno Laureano Saravia, aliado a los líderes campesinos, encabezó el movimiento que se había extendido ya a toda la Puna.
Las tropas enviadas por el Gobierno provincial para sofocar la sublevación se enfrentaron con los indígenas el 3 de diciembre de 1874 en el Abra de la Cruz, cerca del pueblo de Cochinoca, saliendo victoriosos los puneños.
Pero Álvarez Prado volvió a la carga y tras dos intimaciones a los rebeldes para que desistieran del alzamiento, obtuvo ayuda militar de Salta y a principios de 1875 cayó sobre la Puna con un ejército de más de mil soldados.
El choque definitorio fue en las serranías de Quera, a 48 kilómetros de Abra Pampa, el 4 de enero de 1875. En el campo de batalla se encontraron, de un lado, el propio gobernador Álvarez Prado y del otro, los jefes indígenas Anastasio Inca, Federico Zurita, Benjamín Gonza, José María Maidana y Laureano Saravia, comandando a unos 800 hombres pobremente armados.
La lucha fue encarnizada pero al caer la tarde, la falta de municiones había hecho retroceder a las tropas campesinas que terminaron vencidas y la mayoría de sus jefes caían fusilados. En el campo de batalla quedaron 240 indígenas muertos y 273 hombres resultaron heridos. El Gobierno, por su parte, nunca informó cuántas habían sido sus bajas.
Aunque derrotado en las armas, el movimiento en contra de los odiados arriendos en Jujuy dio lugar en el orden nacional a una fuerte y anacrónica polémica jurídica y política sobre los alcances de la antigua institución de la encomienda en relación con las tierras sobre las que se asentaba.
La cuestión no murió en Quera sino que recaló en la prensa porteña y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que en 1877 falló dándole la razón a los campesinos puneños: ni los Campero ni sus ancestros habían ejercido derechos de propiedad sobre los territorios ocupados por los pueblos de Cochinoca y Casabindo ya que las encomiendas eran instituciones administrativas y no otorgaban propiedad sobre las tierras en las que eran establecidas; que además el sistema de encomienda se había extinguido con el régimen político de la República y que el traspaso de estas tierras a la esfera provincial se había ajustado a derecho en beneficio del pueblo de Jujuy. El fallo, asimismo, consolidó la soberanía de Jujuy en un territorio fronterizo reclamado por un extranjero y para las comunidades indígenas significó no sólo sacudirse del yugo del terrateniente más poderoso de la provincia sino la oportunidad de acceder a la tierra a través de la compra de parcelas al Estado.
FUENTE: DARIO ARANDA, EL LIBERTARIO, PRODUCCIÓN RIACHUELO
