[FM RIACHUELO 28/09/2018] Rodriguez Larreta envió un proyecto de ley a la Legislatura porteña para llevar adelante la urbanización del barrio «Padre Carlos Mugica» (ex villa 31- 31 bis). Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, habló con Rompe el Cerco Informativo para explicar cuales son las trampas en la ley para permitir el avance del mercado inmobiliario sobre esos terrenos y la expulsión de los vecinos.
El abogado explicó que: «en vez de ser procesos que integren al barrio a la ciudad, es decir que la ciudadania haga una inversión de recursos para que esas familias sigan viviendo alli pero en mejores condiciones, con un acceso igualitario a los servicios públicos, el gobierno lo que hace es ingresar esos suelos al mercado inmobiliario. Decimos ingresar porque hasta ahora esas tierras al ser públicas no están en el comercio. La idea es que termine siendo el mercado quien urbanice el barrio, expulsando a los sectores de menores recursos a las periferias».
El Proyecto de Ley N° 2736-J-2018 tiene un norte muy claro, transformar un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión lento de su población y quebranto de su identidad barrial haciendo accesible el suelo a la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario.
La integración social y urbana implica que en dicho barrio se acceda en forma igualitaria a los servicios públicos y al equipamiento urbano en las mismas condiciones que en el resto de la ciudad y, al mismo tiempo, que se reconozca la identidad, la cultura, la morfología, los lazos sociales y económicos que fue construyendo su actual población. No constituye una verdadera integración si se permite, con el paso del tiempo, la expulsión de las familias por la presión del mercado inmobiliario frente a su debilidad económica. Integrar antes que nada es no permitir que sea el mercado inmobiliario el que decida quién puede y quién no puede vivir en la ciudad.
Jonatan Baldivieso afirma que el gobierno utiliza estrategias que a largo plazo beneficiarán al mercado: «las viviendas y la propiedad del suelo que la legislatura les va a otorgar a la familias tienen un cargo. Ese cargo implica que esa vivienda en el futuro tiene que ser siempre utilizada como vivienda única (esto es para evitar que las familias especulen con esas propiedades), la trampa que nosotros denunciamos en el proyecto de ley es que ese cargo desaparece si un comprador le paga al estado tres veces la hipoteca que tiene la familia».
Baldivieso además sostiene que la ley que pretende aprobar Larreta deja a las familias en una situación de total desprotección económica: «el 70% del barrio está por debajo de la línea de la pobreza. Viven al limite y en la informalidad. Nosotros creemos que cuando comience la urbanización van a tener un shock economico que deriva del pasaje de la informalidad a la formalidad, van a pagar servicios, impuestos y expensas. Esos gastos implicarán el total de ingresos de esas familias, de maneral tal que la presión económica va a empujarlas a vender sus propiedades al mejor comprador e irse de ese sector de la ciudad».
Cabe destacar que las hipotecas estarán en peso y, por lo tanto, este valor de referencia se irá licuando con el paso del tiempo. Este valor objetivo que deberá pagarse para eliminar el cargo de vivienda única dentro de diez años se habrá despreciado considerablemente. Esto hará que el pago para que el suelo deje de estar destinado a vivienda social será insignificante para los interesados en hacerse de este suelo tan valioso.
En definitiva, Larreta está pidiendo a la Legislatura autorización para que la tierra pública que actualmente está ocupada por un Barrio Popular termine finalmente en manos del mercado especulativo.
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Entrevista a Jonathan Baldivieso
