[FM RIACHUELO 16/11/2017] Hoy miles de vecinos de asentamientos, villas, barrios, complejos, y cooperativas de vivienda marcharon desde el Obelisco hasta la Legislatura porteña para exigir la urgente urbanización, freno de desalojos, terminación de obras y viviendas sociales, y políticas públicas que faciliten el acceso a créditos para las cooperativas.
La crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y la falta de políticas públicas está generando que miles de vecinos sean expulsados de sus barrios. El gobierno porteño lejos de instrumentar una estrategia que resuelva la problemática, lo profundiza con desalojos, recorte de presupuesto y negociados inmobiliarios que favorecen a las corporaciones que lucran con la especulación del valor del suelo. Los vecinos ya venían denunciando los recortes en el presupuesto para la vivienda para 2018: 31% menos de recursos con respecto del año pasado, que implica 2 mil millones de pesos menos para la realización de obras y mil millones menos para la Instituto de la Vivienda. Mientras en los barrios más humildes las personas sufren la falta de servicios esenciales como luz, gas, agua o cloacas, precariedad y hacinamiento, en la ciudad se registran alrededor de 100.000 viviendas ociosas. Esta situación de extrema desigualdad e injusticia obliga a que los vecinos tomen edificios o terrenos abandonados para tener un techo donde dormir, a riesgo de ser judicializados y desalojados.
Tal es el caso de la Cooperativa de Vivienda La Nueva Esperanza de La Boca (ubicada en Grotte 772) que con ayuda y solidaridad de organizaciones del barrio, pudo enfrentar varios intentos de desalojo. La cooperativa esta reclamándole al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), un crédito a partir de la ley 341(gran conquista del pueblo organizado) que establece la instrumentación “de políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional”. Pero el gobierno continúa con su plan de expulsión del pueblo trabajador, no sólo incumpliendo la 341, sino también la 1770 de urbanización de villas, 1333 de emergencia habitacional del barrio Ramón Carrillo y 3343 de urbanización de polígonos de Villas 31 y 31 bis.
En este contexto 15 mil vecinos se movilizaron hasta la legislatura donde se montó un escenario y se leyó un documento en conjunto en el cual se denunció la política de descarte y se exigió la urgente aplicación de políticas para resolver la crisis habitacional. Rodrigo Segovia de Izquierda Latinoamericana fue contundente: “la única manera de que la urbanización sea digna es haciéndola nosotros. No queremos más a esas empresas privadas donde no trabaja ni un solo villero, queremos laburar nosotros y decidir como queremos construir nuestros barrios, basta de que estos chetos decidan como tenemos que vivir”.
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