En un documento, el Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno argentino que las víctimas de una detención arbitraria tienen “el derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado”. Esto incluye la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, de acuerdo a expertos independientes.
El texto también exige al Gobierno de Mauricio Macri que en seis meses informe si Milagro Sala fue liberada, si le fue otorgada una indemnización o compensación y si se realizó alguna investigación sobre la violación de los derechos humanos de la diputada.
Otra solicitud del Grupo de Trabajo es que Argentina informe si se modificaron leyes o se cambiaron prácticas para armonizar la legislación de ese país con las obligaciones internacionales.
El 28 de octubre, la ONU pidió al Gobierno de Argentina la liberación inmediata de Milagro Sala por considerarla arbitraria y sin razones para ameritar prisión preventiva.
Milagro Sala es dirigente de la Organización Tupac Amaru, diputada del Parlasur y luchadora social.
El 3 de agosto, Sala cumplió 200 días presa de forma “preventiva” acusada de fraude al Estado, asociación ilícita y extorsión en varias causas judiciales.
Una de esas causas investiga si la dirigente se quedó con 29 millones de pesos (2,1 millones de dólares) destinados a la construcción de viviendas sociales que debía realizar la Tupac Amaru. Sin embargo, el motivo de su encarcelamiento fue por una acción de protesta: el acampe en Plaza Belgrano ante la negativa de diálogo del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales.
