[FM Riachuelo 22/05/2020] Desde Cazadores de Zonceras (jueves 19 a 21 hs) entrevistamos al Dr. Gustavo Daniel Moreno, Asesor Tutelar de Cámara de Poder Judicial de la Ciudad y defensor de personas menores de edad y de personas con padecimientos mentales.
Luego de las muertes de Ramona Medina, militante de la Garganta Poderosa y de Victor Giracoy, referente del comedor Estrella de Belen (ambos en el Barrio Padre Mugica, Villa 31), se empezó a escuchar con más fuerza el reclamo por las condiciones en que los barrios más pobres de la Ciudad viven la cuarentena. Esta situación no es novedosa, desde 2018 vecines y Organizaciones Sociales de la Villa 31 reclaman por algo tan esencial como la falta de agua. A pesar de la gravedad de la situación en los distintos asentamientos de la Ciudad, el GCBA sigue sin dar una respuesta concreta, por lo cual Organismos de Derechos Humanos y referentes como Adolfo Pérez Esquivel, evalúan llevar el reclamo a la Corte Interamericana de Justicia.
Desde la Riachuelo charlamos con Gustavo Moreno, abogado y Asesor Tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad. «Lo que existe claramente, desde que la Ciudad es autónoma y tiene su propia Constitución, a partir de 1996, es lo que se llama una omisión de cumplimiento de los deberes sociales, violando derechos de la vivienda, de la educación, de la salud, la alimentación, que se vulneran justamente en las poblaciones que viven en villas y asentamientos. No es que el Covid-19 afecta más a las poblaciones pobres, sino que estas poblaciones ya tenían sus derechos básicos vulnerados desde mucho antes. Aun en una situación de emergencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viola los derechos esenciales», dice el entrevistado.
FMR: ¿Y, frente a esto el Gobierno Nacional que puede hacer?
Gustavo: El Gobierno Nacional puede colaborar, puede dar paliativos, debe hacerlo ya que es el garante de todos los derechos. Ahora, estamos hablando de una Ciudad rica, estamos hablando de hacinamiento en una ciudad donde hay 138 mil viviendas sin ocupar a las que ni siquiera se les pone un impuesto diferenciado, si quieren tener la vivienda desocupada corresponde cobrarles un impuesto para solventar políticas de viviendas. Lo que esta pasando ahora, tiene una realidad preexistente de muchas gestiones del Gobierno de la Ciudad y hablo de gestiones anteriores.
FMR: ¿Y qué se puede hacer mientras tanto?
Gustavo: En la actualidad podemos trabajar dos ejes: por un lado los testeos masivos, que son fundamentales para detectar prontamente el virus. Y, una vez detectado, encontrar lugares de aislamiento para las personas infectadas, que sean dignos, porque vemos que a quien viene del exterior se lo aloja en excelentes hoteles y cuando se trata de gente de la villa se los aloja en hoteles de Constitución que, sabemos, están en pésimas condiciones. Por otro lado, hay que asistir a los trabajadores que están cerca de las personas contagiadas y que muchas veces no tienen los equipos necesarios, hay que hacer un fuerte reconocimiento a quienes trabajan en geriátricos, en hospitales, en centros de salud y obviamente un reconocimiento a los compañeros de las organizaciones sociales, que trabajan en el territorio cuando muchos no lo hacen.
En la entrevista Gustavo nos habló también de la responsabilidad del Poder Judicial y finalizó con un pedido: «aquellos que tengan derechos vulnerados, acudan a las defensorías oficiales, es nuestra obligación estar para los que más necesitan, necesitamos que la población nos demande».
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