{"id":886,"date":"2014-12-09T12:12:00","date_gmt":"2014-12-09T12:12:00","guid":{"rendered":"http:\/\/fmriachuelo.observatorioess.org.ar\/index.php\/2014\/12\/09\/corte-suprema-de-justicia-interviene-con-fallos-a-favor-de-los-derechos-ancestrales\/"},"modified":"2025-03-17T12:07:33","modified_gmt":"2025-03-17T15:07:33","slug":"corte-suprema-de-justicia-interviene-con-fallos-a-favor-de-los-derechos-ancestrales","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/fmriachuelo.it10.com.ar\/index.php\/2014\/12\/09\/corte-suprema-de-justicia-interviene-con-fallos-a-favor-de-los-derechos-ancestrales\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: INTERVIENE CON FALLOS A FAVOR DE LOS DERECHOS ANCESTRALES"},"content":{"rendered":"

UN FALLO A FAVOR DE LA TIERRA<\/span><\/b><\/span><\/span>
Por Dar\u00edo Aranda<\/span>
La Corte Suprema de Justicia anul\u00f3 una sentencia del m\u00e1ximo tribunal de Chubut y lo inst\u00f3 a aplicar el derecho ind\u00edgena en una disputa territorial entre una comunidad mapuche-tehuelche y un privado. La Corte Suprema remarc\u00f3 la vigencia del Convenio 169 de la OIT, norma supralegal que protege los derechos de los pueblos ind\u00edgenas. En la misma sinton\u00eda, pero en Chaco, el Superior Tribunal de Justicia provincial dej\u00f3 firme una sentencia que ordena a una empresa agropecuaria a restituir 5000 hect\u00e1reas a una comunidad moqoit. Y record\u00f3 a los jueces que el territorio ind\u00edgena debe entenderse como un derecho colectivo que hace a la \u201csupervivencia\u201d de los pueblos originarios.<\/span>
<\/a>El Instituto de Colonizaci\u00f3n de Chubut (IAC) autoriz\u00f3 en 2007 la transferencia de tierras (de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo) a un privado (Camilo Rechene). Pero la comunidad nunca dio conformidad para esa transferencia. Crecencio Pilquiman, parte de la Comunidad Aborigen Mapuche-Tehuelche, present\u00f3 en mayo de 2007 una acci\u00f3n de amparo en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. La acci\u00f3n judicial se fundament\u00f3 en el derecho de los pueblos ind\u00edgenas a sus tierras y territorios y a ser consultados antes de dictarse cualquier medida que los afecte.
En primera instancia, la jueza Mar\u00eda Fernanda Palma dispuso una medida cautelar y suspendi\u00f3 la transferencia de las tierras. Pero luego la acci\u00f3n de amparo fue rechazada. Pilquiman, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), apel\u00f3 en diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El m\u00e1ximo tribunal afirm\u00f3 que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut \u201comiti\u00f3 absolutamente el tratamiento del planteo restante fundado en la vulneraci\u00f3n del derecho a la consulta y participaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas, tutelado en el art\u00edculo 75, inciso 17 de la Constituci\u00f3n nacional, as\u00ed como en el Convenio 169 de la OIT\u201d.
La Corte Suprema no fall\u00f3 sobre la disputa territorial, pero dej\u00f3 sin efecto la sentencia provincial (que daba la raz\u00f3n al privado) y devolvi\u00f3 el caso al Superior Tribunal de Justicia para que dicte una nueva sentencia, que respete las pautas de la Corte. \u201cLos jueces dijeron algo obvio pero que suele ser ignorado por muchos jueces: los derechos ind\u00edgenas deben ser tratados, los jueces al resolver los casos deben leer el Convenio 169, la Constituci\u00f3n nacional y luego explicar por qu\u00e9 los derechos ind\u00edgenas no cambian o s\u00ed cambian su decisi\u00f3n sobre el caso\u201d, explic\u00f3 Eduardo Hualpa, del equipo jur\u00eddico que lleva adelante el caso, y detall\u00f3 que, en el caso de la Comunidad Aborigen de Lagunita Salada, es muy claro que se viol\u00f3 el derecho a participar y ser consultados de manera previa a que el Estado (en este caso el IAC) afectara a los pueblos ind\u00edgenas.
En Chaco, en 2011, la empresa agropecuaria Bajo Hondo se instal\u00f3 en 5000 hect\u00e1reas del paraje Ra\u00edz Chaque\u00f1a, territorio de la comunidad Lpa A Na Moqoit (en los departamentos de Almirante Brown y Maip\u00fa). La empresa mostraba un supuesto boleto de compraventa y la comunidad explicaba que hab\u00eda sido enga\u00f1ada. El caso lleg\u00f3 a tribunales y, en primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial 2 (a cargo de Juan Zaloff Dakoff) dio la raz\u00f3n a la empresa y orden\u00f3 escriturar como tierra de la empresa. El Pueblo Moqoit present\u00f3 un amparo en la instancia superior. Y la Sala Segunda de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de S\u00e1enz Pe\u00f1a emiti\u00f3 un fall\u00f3 totalmente opuesto a la primera instancia y restituy\u00f3 el inmueble a la comunidad ind\u00edgena.
Los jueces de C\u00e1mara remarcaron la vigencia y operatividad del art\u00edculo 75 (inciso 17) de la Constituci\u00f3n nacional y abord\u00f3 un punto imprescindible en las demandas de los pueblos ind\u00edgenas. \u201cEl Convenio 169 contiene relevantes disposiciones sobre protecci\u00f3n judicial, en particular respecto de tierras, territorios y recursos naturales, siempre sobre el eje del derecho a la participaci\u00f3n, la consulta y el consentimiento de estos pueblos, frente a las decisiones que pueden afectar sus derechos. Se deber\u00e1n hacer consultas a los pueblos ind\u00edgenas cada vez que se prevean medidas administrativas y legislativas que los afecten. Los estados tienen el deber de consultar con los pueblos ind\u00edgenas\u201d, sentencia.
Pero la empresa agropecuaria apel\u00f3 al Superior Tribunal de Justicia. El 3 de noviembre pasado, el m\u00e1ximo tribunal chaque\u00f1o fall\u00f3. Y dej\u00f3 firme la sentencia que obliga a la empresa a restituir el territorio a la comunidad moqoit. En los fundamentos, ratific\u00f3 la fundamentaci\u00f3n de la C\u00e1mara, remarc\u00f3 la obligatoriedad de respetar y aplicar los art\u00edculos de la Constituci\u00f3n nacional y de Chaco referidos a derechos ind\u00edgenas, y tambi\u00e9n destac\u00f3 la vigencia del Convenio 169 de la OIT que \u201cestablece de modo categ\u00f3rico que deber\u00e1 impedirse que personas extra\u00f1as a los pueblos ind\u00edgenas se arroguen la propiedad, la posesi\u00f3n o el uso de las tierras pertenecientes a esos pueblos\u201d. Y avanz\u00f3 en la forma en que el Poder Judicial debe entender las disputas territoriales: \u201cSe debe tener en cuenta que los derechos territoriales ind\u00edgenas abarcan un concepto m\u00e1s amplio y diferente que est\u00e1 relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo\u201d.<\/span><\/p>\n

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